En Europa se dan cuenta del pastel. La Ciudad de la Luz arranca en 2005 por iniciativa del exjefe del Gobierno valenciano, Eduardo Zaplana, para compensar a la Alicante por la concesión a Benidorm del parque Terra Mítica. Su explotación es adjudicada a Aguamarga Gestión de Estudios, SL. La Generalitat entrega entonces a Aguamarga 300 millones de euros en concepto de ayudas y, en febrero de 2008, Pinewood, el principal estudio europeo, y otra importante empresa del sector, denuncia al Gobierno valenciano por interpretar que esas subvenciones públicas son ilegales y distorsionan la competencia. La Comisión Europea inicia, entonces, una investigación para determinar si las ayudas son compatibles con las normas de la Unión Europea. Neelie Kroes, comisaria de la competencia en 2008, manifesta su preocupación porque la financiación pública haya permitido falsear la competencia.
La cifra. En el expediente los fondos públicos dispuestos se calculaban en 200 millones, aunque la cantidad última es mucho mayor. José Camarasa, entonces portavoz socialista de Grandes Proyectos en las Cortes Valencianas, afirmó que el Consell había invertido más de 300 millones de euros en Aguamarga.
Empiezan los problemas, claro, y las soluciones chapuza. Aguamarga entra en concurso de acreedores (suspensión de pagos) el 16 de diciembre de 2011, entre otros motivos ¡por los impagos del ejecutivo valenciano! Esta deuda es de cuatro millones, según la empresa, y de 2,5 millones según la Generalitat. La deuda global es de más de 190 millones de euros. La Comunidad Valenciana quiere privatizarlo tras poner 160 millones.
Pero se acerca el final. El 4 de mayo, el actual comisario europeo de la competencia, Joaquín Almunia, comunica a Alberto Fabra, presidente del Consell, que es posible que los estudios Aguamarga tengan que devolver las ayudas a la Generalitat. Si la Ciudad de la Luz, empresa 100% pública, tiene que liquidar su deuda, unos 200 millones, el Consell puede sufrir un colapso financiero. La decisión de la Comisión Europea se conocerá a mediados de junio de 2012. Además, sobre la mesa hay una probable sanción por las ayudas a la Ciudad de la Luz.
Los políticos "a su bola". A pesar de que la Administración autonómica tiene serios problemas para hacer frente a los vencimientos de su elevado endeudamiento y cada vez le cuesta más pagar su refinanciación (el pasado 3 de mayo tuvo que ofrecer un 7% de interés para colocar 500 millones de deuda), el presidente de la Generalitat dijo que su gobierno va “a seguir defendiendo los intereses de los valencianos porque nuestros servicios jurídicos nos dicen que obramos correctamente en la concesión de las ayudas. Hemos insistido en que nuestro proceso estuvo amparado por la ley, que no hemos hecho competencia desleal y que no hemos actuado fuera de lo que son los criterios de inversión privada dentro de una economía de mercado”. ¿Qué servicios jurídicos son esos?
Pues bien. No hemos tenido que esperar a junio. Ayer El País publicaba este artículo:
Bruselas certifica la muerte lenta de los estudios Ciudad de la Luz
- La Comisión exige la devolución de los 265 millones invertidos por la Generalitat
- Declara ilegales las ayudas del Consell por vulnerar el principio de la libre competencia
La CE considera que esta financiación “distorsiona enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos”. “No se facilitaron en condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario”, agregó el organismo en un comunicado. Con esta resolución, el responsable de Política de la Competencia, el español Joaquín Almunia, resuelve la denuncia presentada en 2007 por dos empresas del sector audiovisual de dos Estados miembros de la UE.
Bruselas da cuatro meses de plazo para que la Ciudad de la Luz reintegre en las arcas de la Generalitat los 265 millones que invirtió, a través de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Fuentes de la CE aseguran que verificarán el cumplimiento de la resolución en el plazo citado y aplicar, en su caso, la correspondiente sanción si no se acata.
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, anunció que recurrirá al Tribunal de Justicia de la UE. Fabra defendió la legalidad de los fondos y remarcó que no suponen competencia desleal. Fuentes de la UE aseguran que la presentación de este recurso no interrumpe el plazo de devolución marcado. La Generalitat declinó entrar en más detalles de cómo se materializará esta devolución. (...)
Este conflicto, más la imparable sangría económica del complejo, llevaron a la Generalitat, a principios de año, a plantear su venta o alquiler. Una consultora recibió la adjudicación para buscar posibles compradores o arrendatarios. Ya se han recibido seis ofertas para alquilar.
La Ciudad de la Luz considera que la resolución es “un iceberg” para el proyecto, según su director general, José Antonio Escrivà. Otras fuentes añaden que la decisión complica la posible venta, ya que el precio de salida no podrá ser inferior a los 265 millones a devolver. La CE destaca que el proyecto tampoco ha logrado su objetivo: ser el segundo complejo cinematográfico europeo. Hasta el año pasado se habían rodado 59 producciones, subvencionadas por la Generalitat.
Escrito por Rosa Biot y Santiago Navarro y publicado por El País el 8 de mayo de 2012
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